Fue un festejo a medias que dejó a muchos preocupados. El martes pasado el Parlamento Europeo aprobó una ley para eliminar los recargos por roaming que deben pagar los usuarios de telefonía celular cuando se desplazan por la Unión Europea (UE) y, en el mismo acto, coló una legislación que deja abierta la puerta a que las empresas proveedoras de Internet puedan discriminar el ancho de banda entre clientes. "Esto es peligroso porque deja margen a interpretaciones de los reguladores nacionales y puede vulnerar la neutralidad de la red", destacó a Tiempo Alfa Sánchez, integrante de Xnet, una organización española que promueve la democracia en la Web. 

El mismo día que los diarios informaban sobre la sanción de la ley, la ONG Freedom House presentó un informe en el que aseguró que por quinto año consecutivo se redujo la libertad de Internet en el mundo. Paradójicamente, según consignó Tiempo Argentino, los países europeos aparecían en el mapa realizado por la organización pintados en verde, como el resto de los que consideró "libres". Para los activistas en contra de esta pieza legislativa, el color podría cambiar a amarillo en el informe próximo.

En el capítulo sobre Argentina la ONG destaca positivamente la Ley Argentina Digital sancionada en diciembre de 2014 que define en el artículo 56 su neutralidad.

"El papel del Parlamento ha sido decepcionante, no se ha mojado para defender a sus ciudadanos", señala Sánchez, que siguió el desarrollo del proyecto desde que se presentó por primera vez hace más de un año. Entonces "había un texto mucho mejor". Entre otras cosas, incluía una definición explícita del término "neutralidad de la red", como se denomina al principio que garantiza que todos los paquetes de datos sean tratados por igual para que Internet siga siendo diverso, innovador y libre. 

Luego, añade, el texto pasó por la Comisión Europea (órgano ejecutivo de la UE) y el Consejo Europeo (integrado por los jefes de gobierno y de Estado del eurogrupo) y al volver al Parlamento había sido modificado. Tenía una propuesta nueva muy reclamada por los ciudadanos europeos, como el roaming sin cargo adicional, y le faltaban algunas palabras, sugestivamente las que aludían a la aquel principio clave para los que todavía entienden a la Web como un espacio democratizador del conocimiento. 

En los hechos, la ley aprobada con los votos de los cuatro grupos políticos mayoritarios –partidos populares (EPP), socialistas (S&D), conservadores (ECR) y liberales (ALDE)– dice que se debe "garantizar una Internet abierta y sin trabas", pero establece excepciones: obedecer órdenes judiciales, cumplir con las leyes, combatir ciberataques y prevenir congestiones de tráfico. Este último punto es el que genera más suspicacias, en especial porque establece que las operadoras de acceso a Internet pueden discriminar ese tráfico según los criterios que considere "razonables", una definición demasiado amplia y, por ende, sujeta a interpretaciones.

En un comunicado emitido por la oficina de prensa del parlamento de la UE se intenta aclarar que la decisión de modificar el ancho de banda por parte de las empresas proveedoras sólo puede ser tomada de forma "temporal" y "excepcional" para minimizar las probabilidades de congestión. Y avanza en decir que esa capacidad debería reservarse para cuando un servicio existente (o por crearse) así lo demande. Para los activistas de la plataforma "Save the Internet" (salvemos Internet) eso podría significar que, si una tecnología que envía contenidos audiovisuales de alta calidad por la red (como podría ser Netflix u otra parecida) requiere mayores recursos para hacerlo, entonces alguna empresa proveedora (como Telefónica u otra parecida) podría compensarlo recortándole la velocidad a sus demás clientes. 

Para Sánchez no hay dudas de que "el proceso de negociación fue un chantaje" en el que el roaming fue utilizado para asegurar que la ley saliera rápido. Al preguntársele quiénes formaron parte de ese lobby, asegura que se trata de las proveedoras de cable: "En España es Telefónica y en el resto de Europa: Orange, Vodafone, y otras. Porque con la excusa que les da la ley pueden cobrarle a distintas empresas productoras de contenidos distintas tarifas según el ancho de banda que necesiten para su servicio." El único límite para esto es el criterio de "razonabilidad" de la compañía y la tolerancia del organismo regulador de cada Estado de la UE.

Por eso, en definitiva, los activistas por una red libre hablan de la posibilidad de que esto genere una "Internet de dos velocidades" donde los que menos ingresos tienen deban conformarse con una conexión más lenta. Como sucede hoy fuera de la vida virtual.

Argentina

En el capítulo sobre Argentina la ONG destaca positivamente la Ley Argentina Digital sancionada en diciembre de 2014 que define en su artículo 56 la neutralidad de la red aunque, según los especialistas, todavía falta agregar una reglamentación ad hoc que avance en su defensa efectiva. Es el primero de los siete países de América Latina evaluados.